Tu móvil podría señalarte como sospechoso sin pruebas: el caso que lo puede cambiar todo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrenta a una decisión que podría redefinir la relación entre tecnología, privacidad y justicia. En el centro del debate están las llamadas órdenes de geovalla, una herramienta que permite a la policía identificar dispositivos móviles que estuvieron cerca de la escena de un crimen, incluso antes de tener un sospechoso claro.
El caso nace de un robo a mano armada ocurrido en 2019 en Richmond en Virginia. Ante la falta de pistas, los investigadores recurrieron a datos de localización almacenados por Google Maps para rastrear todos los móviles presentes en la zona durante una franja de tiempo concreta. Ese proceso llevó hasta Okello T. Chatrie, cuya ubicación fue reconstruida a partir de su historial, contribuyendo a su condena.
La clave del proceso no es si la policía puede usar estos datos, sino cómo. La Cuarta Enmienda de Estados Unidos protege frente a registros e incautaciones irrazonables, y ahora los jueces deben decidir si este tipo de búsquedas masivas vulnera ese principio. Para la defensa, estas órdenes funcionan como registros generales donde se investiga primero y se busca sospechoso después, algo que la Constitución pretendía evitar.
Durante las audiencias, magistrados como Neil M. Gorsuch y Sonia Sotomayor mostraron preocupación por el alcance de esta lógica, cuestionando si podría extenderse a correos electrónicos, fotos o documentos almacenados en la nube.
El debate también pone el foco en el papel de las grandes tecnológicas. Durante años, servicios como Google Maps han recopilado datos de ubicación de forma constante, lo que ha hecho posibles estas prácticas. Sin embargo, la propia Google ha cambiado recientemente su sistema y asegura que ya no almacena esta información de forma centralizada.
Este caso recuerda al precedente de Carpenter v. United States, donde el Supremo estableció que acceder a datos históricos de localización requiere una orden judicial. Ahora, el tribunal podría ir más allá y fijar límites más estrictos para evitar que millones de usuarios queden bajo sospecha sin saberlo.
La decisión final no solo afectará a una investigación concreta, sino que marcará cómo se usan los datos de ubicación en el futuro.